Mejico, ese doloroso presente, mafia, gobierno, recesión...

En cuanto al primer factor, el surgimiento del narcotráfico como un “peligro para la estabilidad”, no es algo que se haya dado así, repentino, sino que lo que actualmente estamos viviendo es producto de las íntimas y ocultas relaciones que ha forjado el Estado, desde años atrás, con mafias financieras y empresariales que han permitido, entre otras cosas, la existencia de la actual presidencia fraudulenta en el poder y un gabinete de panistas que en lugar de efectivamente gobernar, han buscado hacer los grandes negocios, junto con sus secuaces, desde la ilegal venta de tierras en áreas naturales para ser convertidas en proyectos turísticos, hasta los intentos (fallidos, por lo pronto), de privatización de la industria petrolera. El narcotráfico, claro, también es un muy lucrativo y excelente negocio y bancos como Banamex, filial del quebrado Citigroup, se ligan al lavado de dinero que desde hace muchos años se ha venido realizando sin mayores problemas (sí, desde gobiernos anteriores, que lo han cobijado, y como lo sigue haciendo el actual. Ver mi artículo en Internet “Especulación y narcotráfico, nuevos grandes negocios del lumpencapitalismo”). Así que si de repente esos pactos, digamos que de haberle vendido el alma al diablo desde hace mucho tiempo, se tratan de romper, así, “limpiarse de toda culpa”, es lógica la reacción que las desairadas, afectadas mafias están teniendo (las frecuentes ejecuciones de funcionarios, policías o militares así lo evidencian). El que se señale a la “corrupción” como el factor detrás de los problemas que se están dando en cuanto a los niveles de violencia (que, además, presentándola así, como un factor aislado, clave por sí mismo, se pretendería con ello que el gobierno fuera totalmente ajeno a ella, una víctima, siendo que justamente la corrupción es parte inherente de aquél), es justo lo que evidencia cuan ligados están los poderosos grupos oligárquicos (los que controlan todo, como dije, gobierno, bancos, telecomunicaciones, industrias, minas…) con los llamados “negocios ilícitos”, los que resultan fundamentales y la parte más lucrativa para muchos de aquéllos. Por mencionar un caso de qué tan importante es el narcotráfico para muchos países, considérese el ejemplo de Afganistán, país que a pesar de la invasión militar, principalmente estadounidense, resulta que ha incrementado diez veces su producción de opio, gracias a lo cual, surte del ochenta por ciento de la droga que se consume en el mundo, y que sorprendentemente hay grandes facilidades para que los embarques de dicha droga salgan de los aeropuertos que están controlados nada menos que por las “fuerzas de paz” de la OTAN. Es muy importante la siembra de opio y la producción de drogas para Afganistán, pues es un negocio que asciende a unos mil millones de dólares anuales, la mitad de la actividad económica anual de dicho empobrecido país, que ya no existiría de no ser por dichas drogas (se ha sugerido desde el Departamento de Estado estadounidense que podría comprarse cada año la totalidad de la producción de opio, como posible “solución” con tal de “evitar que los campesinos afganos la vendieran a los ilegales fabricantes de drogas”). Así que podría decirse que no sólo nos estamos “colombianizando”, sino que también “afganistanizando”.

Pero una ventaja clara deben de obtener los actuales mal administradores panistas de esa violencia que ellos mismos, desde las cúpulas del poder, han cobijado. Y dicha ventaja es que ahora sólo se quiere presentar como el problema “más grave” que tiene México al poder y la violencia que el narcotráfico está generando, frente a los cuales se quisiera mostrar al Estado como “ajeno”, y ante ello, nada más importa, no. No importa que la política entreguista del panismo esté vendiendo todos los recursos naturales que posee el país, incluido el petróleo, el más importante de todos, a empresas extranjeras que hacen un buen negocio con ellos (por ejemplo, se han vendido desde que el panismo gobierna, cientos de hectáreas de tierras en zonas protegidas y reservas naturales, muy importantes ecológicamente hablando, para el desarrollo de complejos turísticos, sin que importe, siquiera, el impacto y el daño ambiental que tendrán éstos). No importa que la carga fiscal que pesa sobre los contribuyentes, sobre todo los de más bajos ingresos, se esté agravando más con la imposición de nuevos aranceles, los que están incluso desalentando y acabando con su actividad. No importa que exista una abierta impunidad, debido a la cual ciudadanos comunes sufren a diario actos delincuenciales o ilícitos. Así, asaltos, asesinatos, secuestros, fraudes, desapariciones, prepotencia policial y militar, víctimas de corrupción, presas del agiotismo bancario que cobra altísimos intereses por el crédito otorgado… pasan prácticamente desapercibidos y los órganos legales y judiciales nada les resuelven. Por ello es que mucha gente ya ni se preocupa en levantar un acta ministerial al sufrir un acto delictivo, pues la mayoría de las veces la autoridad no procede legalmente para investigar y resolver el problema, dejando muchos delitos, tales como los robos, secuestros o asesinatos, impunes pues nunca se “localiza” a los culpables. Y en cuanto a los asesinatos o desapariciones de líderes sociales que defienden los derechos de sus representados o periodistas honestos que tratan de descubrir los sucios negocios de gobierno y mafias, no, ¡nunca se hallan culpables!, y son crímenes que han quedado impunes, como el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, quien intentaba mostrar la lucha social de la APPO en Oaxaca contra el gangster Ulises Ruiz, del que a la fecha “no se sabe quién lo mató”. O el reciente, también cobarde asesinato, de los líderes campesinos mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron “levantados” y posteriormente torturados y asesinados arteramente. No, tampoco allí la policía, ni las autoridades judiciales “saben” quién lo hizo, a pesar de que testigos afirman que aparentemente fueron “policías investigadores ministeriales” del estado de Guerrero quienes cometieron tan infame crimen. Pero, en sentido opuesto, sorprende la rapidez con la que el Estado trata de inculpar y juzgar a los líderes políticos que le estén provocando muchas movilizaciones y problemas, como fue el caso de los líderes de la mencionada APPO (Flavio Sosa, entre los principales, quien fue encarcelado más de dos años) o los de San Salvador Atenco, a quienes de inmediato se apresó y sentenció a severas penas carcelarias (el caso más dramático e injusto es el del sexagenario líder Ignacio del Valle, atenquense que por defender las tierras de sus compañeros de lucha, está sentenciado a penas que acumuladas suman ¡112 años!). Incluso se trató a finales del 2007, con tal de que la inculpación y arresto de “sospechosos” fuera rapidísima, de aprobar una ley que hubiera autorizado a cualquier policía a allanar una casa, sin orden de cateo, y arrestar a los presuntos delincuentes, sin orden de arresto, la cual, de momento está suspendida, pero es indudable que podría aprobarse si el tratamiento de “shock” así lo amerita.