Antonio Peredo Leigue
Hace unos días, recibimos una extensa e intensa demostración de que las escenas que mostraban la masacre de Porvenir, Pando, eran montadas. Que en realidad no había disparos. Que los gritos no eran reales. Que el río no era ese, si no otro. Poco faltó para que nos dijese, el comedido marino detallista, que no hubo muertos y que los dolientes que prestaron testimonio eran falsarios.
Pero no fue el único comedido. Hubo otros: los de siempre. Los eruditos que definen el derecho como una propiedad en la que nadie más que ellos tiene pisada. Resulta que el confinamiento, restricción emergente del estado de sitio, no puede impedir el ejercicio de todos los derechos y garantías establecidas por la constitución y las leyes. Ocurre que, el estado de sitio, debe limitarse a imponer el orden. En otros términos, al entender de tan sabios analistas, al dictar estado de sitio, el gobierno debiera declararse incapaz de gobernar y le pide a los opositores, que sí tienen todos sus derechos, que lo dejen por favor terminar su mandato.
Ya puestos en discurso, no tienen reparo en reclamar los derechos de quienes están acusados de haber matado a varias personas, de provocar daños a la propiedad pública, de haber delinquido descaradamente. Quienes fueron sus víctimas, debieran respetarles todos y cada uno de sus derechos. Si no lo hacen así, están actuando ilegalmente. Que los delincuentes lo hayan hecho, no impide que ejerzan sus derechos y se cobijen con sus garantías.
Quien fuera prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, está confinado actualmente. No está encadenado, no le falta alimento, tiene ropa y abrigo, está informado, puede distraerse y hacer ejercicios. Los delitos que cometió deben ser castigados con todo rigor. Por supuesto que, previamente, deben ser establecidos sin lugar a ninguna duda. El hecho, que no puede dejarse de lado, es el número de víctimas que ocurrieron el 11 de septiembre. Además, Fernández reconoció que había enviado personal de la prefectura para impedir el paso de los campesinos, a toda costa.
Hay una cantidad bastante pequeña de confinados. Están en tal situación, para lograr reponer el orden en una región en que se impuso la arbitrariedad bajo las órdenes de una autoridad que, contrariamente, debió impedir que se cometieran delitos.
Pero ninguno de los que reclaman el derecho de estas personas, se preocupa de las víctimas.
En La Paz, hasta donde llegaron huyendo de la persecución de los victimarios de sus familiares y amigos, están familiares y sobrevivientes de la matanza. Algunos organismos se ocupan de proporcionarles alimentación y techo. Otros han reunido ropa y medicamentos para atenderlos.
Pando es un departamento pequeño con escasa población. Sus caminos son de tierra y las distancias entre poblados son largas. El estado de sitio ha controlado la capital, Cobija y un par de poblaciones más. En el resto de la región, sigue imperando la arbitrariedad de los cómplices y secuaces del cacique mayor. Se requiere personal de apoyo a las fuerzas encargadas de restablecer el orden y la cordura.
Pero, en La Paz, la campaña mediática ha logrado que se centre la atención en el pequeño grupo de confinados y en su estado físico y psíquico. Los otros, los campesinos y sus familiares, son precisamente eso, solamente campesinos. Una vez más, mostrando una absoluta irracionalidad, trastocan todos los valores y las palomas deben garantizarle tranquilidad a las escopetas.
Hace unos días, recibimos una extensa e intensa demostración de que las escenas que mostraban la masacre de Porvenir, Pando, eran montadas. Que en realidad no había disparos. Que los gritos no eran reales. Que el río no era ese, si no otro. Poco faltó para que nos dijese, el comedido marino detallista, que no hubo muertos y que los dolientes que prestaron testimonio eran falsarios.
Pero no fue el único comedido. Hubo otros: los de siempre. Los eruditos que definen el derecho como una propiedad en la que nadie más que ellos tiene pisada. Resulta que el confinamiento, restricción emergente del estado de sitio, no puede impedir el ejercicio de todos los derechos y garantías establecidas por la constitución y las leyes. Ocurre que, el estado de sitio, debe limitarse a imponer el orden. En otros términos, al entender de tan sabios analistas, al dictar estado de sitio, el gobierno debiera declararse incapaz de gobernar y le pide a los opositores, que sí tienen todos sus derechos, que lo dejen por favor terminar su mandato.
Ya puestos en discurso, no tienen reparo en reclamar los derechos de quienes están acusados de haber matado a varias personas, de provocar daños a la propiedad pública, de haber delinquido descaradamente. Quienes fueron sus víctimas, debieran respetarles todos y cada uno de sus derechos. Si no lo hacen así, están actuando ilegalmente. Que los delincuentes lo hayan hecho, no impide que ejerzan sus derechos y se cobijen con sus garantías.
Quien fuera prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, está confinado actualmente. No está encadenado, no le falta alimento, tiene ropa y abrigo, está informado, puede distraerse y hacer ejercicios. Los delitos que cometió deben ser castigados con todo rigor. Por supuesto que, previamente, deben ser establecidos sin lugar a ninguna duda. El hecho, que no puede dejarse de lado, es el número de víctimas que ocurrieron el 11 de septiembre. Además, Fernández reconoció que había enviado personal de la prefectura para impedir el paso de los campesinos, a toda costa.
Hay una cantidad bastante pequeña de confinados. Están en tal situación, para lograr reponer el orden en una región en que se impuso la arbitrariedad bajo las órdenes de una autoridad que, contrariamente, debió impedir que se cometieran delitos.
Pero ninguno de los que reclaman el derecho de estas personas, se preocupa de las víctimas.
En La Paz, hasta donde llegaron huyendo de la persecución de los victimarios de sus familiares y amigos, están familiares y sobrevivientes de la matanza. Algunos organismos se ocupan de proporcionarles alimentación y techo. Otros han reunido ropa y medicamentos para atenderlos.
Pando es un departamento pequeño con escasa población. Sus caminos son de tierra y las distancias entre poblados son largas. El estado de sitio ha controlado la capital, Cobija y un par de poblaciones más. En el resto de la región, sigue imperando la arbitrariedad de los cómplices y secuaces del cacique mayor. Se requiere personal de apoyo a las fuerzas encargadas de restablecer el orden y la cordura.
Pero, en La Paz, la campaña mediática ha logrado que se centre la atención en el pequeño grupo de confinados y en su estado físico y psíquico. Los otros, los campesinos y sus familiares, son precisamente eso, solamente campesinos. Una vez más, mostrando una absoluta irracionalidad, trastocan todos los valores y las palomas deben garantizarle tranquilidad a las escopetas.
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